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La educación como derecho II

La educación es un derecho. No un servicio púbico. Sí es un servicio público la obligación del Estado de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a la educación. El derecho a educar corresponde a la familia, a los padres. No es predicable del Estado. Así, lo enuncian la Constitución española de 1978 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Existieron razones históricas que provocaron que el Estado asumiera un papel protagonista y hegemónico en la educación. Hoy aquellas razones han desaparecido y las Administraciones públicas debe adoptar en materia de enseñanza una posición subsidiaria con respecto a la sociedad civil. Ello evitaría que la educación siga siendo objeto de la batalla ideológica dejando, por fin, de ser una cuestión política; un capítulo en los programas electorales de los partidos; un resorte de control e intervención en manos del poder público, para pasar a ser lo que realmente es: una función social, familiar, no estatal. Por ello, es una prioridad de cada una de las familias, de cada uno de los padres.

El derecho a la educación entronca con el libre desarrollo de la personalidad y con la propia esfera de libertad personal. La libre elección por los padres del tipo de escuela que quieren para sus hijos es un derecho inherente al derecho anterior que requiere para su garantía de un pluralismo y de una viabilidad económica en las ofertas escolares. De ahí, esa interdependencia entre la libertad de elección de centro escolar y la libertad de creación y dirección de centros escolares.

 

 

La educación como derecho

Amigo lector, hablar de educación es referirse a la adquisición de conocimientos pero también a un derecho fundamental. En el primer concepto, la educación atraviesa hoy en España por una situación de emergencia. Por de pronto, es prioritario reducir los altos índices de fracaso escolar que presenta nuestro sistema educativo. De lo contrario, las consecuencias serán fatales pues con alumnos mal formados se resentirá el nivel académico de nuestros universitarios y la calidad de nuestros profesionales e investigadores no será la mejor posible sumiendo a España en la incertidumbre cuando no en la languidez.

La educación como derecho fundamental presenta asimismo un panorama nacional baldío. No existe una libertad real y efectiva en la elección por los padres del centro escolar al que desean llevar a sus hijos; también, las Administraciones públicas debieran facilitar a la sociedad civil el ejercicio de la libertad de creación de centros docentes. Estamos, pues, ante derechos ayunos de garantía y respeto en la sociedad española.

El primer deber de la unidad familiar es la educación de sus miembros. La primera tarea de un legislador ha de ser garantizar las libertades de los ciudadanos en materia educativa. Más en estos tiempos de decaimiento moral y de dificultades económicas. En las modernas sociedades democráticas, satisfechas las necesidades básicas del ciudadano, la educación es una cuestión crucial para todas las generaciones. Lo es para el óptimo desarrollo individual de cada hombre. Lo es, por tanto, para el porvenir de toda la sociedad.